Mayoría de los expedientes sigue pendiente de audiencia preliminar
La justicia está en deuda con los casos de alto perfil
Durante los tres años de gobierno del presidente Juan Carlos Varela, han salido a relucir todo tipo de casos de corrupción cometidos en la administración anterior, pero a la fecha sólo han quedado en eso: “simples escándalos”.
A pesar de la contundencia de lo divulgado públicamente, la mayoría de estos casos están pendientes de ir a una audiencia preliminar y lejos de que se dicte un fallo definitivo que determine si habrá exfuncionarios que pagarán en prisión por los delitos cometidos.
Tan solo el juez décimoquinto penal, Leslie Loaiza, tiene nueve expedientes de casos de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN): siete están pendientes de audiencia preliminar y dos esperan juicio.
Otros procesos penales están bajo investigación en las fiscalías del Ministerio Público.
Las razones de la demora en resolver estos casos de corrupción son diversas. Desde recursos legales que utilizan los abogados de los acusados para dilatar los casos, hasta el retraso de los propios jueces y magistrados en dictar fallos.
En sólo cinco casos, se han dado condenas de prisión, pero estas sentencias han sido apeladas y por ende no se han hecho oficiales.
Una de ellas, es la condena a tres años y 6 meses de prisión a Grimaldo Córdoba, por ejercicio ilegal de la profesión de médico. Esta condena fue dictada el 15 de diciembre de 2015 por el Juzgado Décimosexto Penal y está pendiente de la apelación en el Segundo Tribunal.
Córdoba renunció en el año 2015 al cargo de director de promoción de la Salud del Ministerio de Salud, luego de darse a conocer que no tenía diploma para ejercer la medicina.
La otra condena fue la que dictó el Juzgado Décimo Penal el 12 de abril de 2016 a Alberto Maggiori, sentenciado a 8 años de prisión por peculado en la adjudicación de contratos para remodelar locales de la Caja de Seguro Social (CSS).
Maggiori era director de administración y Finanzas de la CSS en el gobierno anterior.
La tercera condena, y la más reciente, fue la que impuso el Juzgado Décimosegundo Penal al exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) Diomédes Jaén, de 6 años y 8 meses de prisión por delito de falsedad.
Jaén fue condenado luego que el 28 de octubre de 2011, tuvo un accidente de tránsito en un auto oficial IMA en horas no laborables.
Al igual que las dos anteriores, esta condena está pendiente de una apelación.
Por otra parte, el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, cumple en la cárcel El Renacer, una condena de 5 años de prisión por delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad.
La condena fue impuesta por la Asamblea Nacional el 5 de marzo de 2015, luego de comprobarse que Moncada Luna adquirió dos apartamentos por $1.7 millones, superando sus ingresos en salario.
Mientras que el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio “Nacho” Fábrega, fue condenado a cinco años de prisión por delito de corrupción de funcionario.
Fábrega se declaró confeso de revelar información confidencial de la SMV, a la casa de valores Financial Pacific, en momentos en que esa empresa era objeto de una investigación por malos manejos administrativos en el año 2013. El fallo fue dictado el 3 de septiembre de 2015.
Casos de Martinelli en la Corte Suprema
El expresidente Ricardo Martinelli, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), es investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. En ese órgano del Estado tiene 22 expedientes penales, de los cuales 9 han sido admitidos, 5 rechazados y archivados, y otros 6 pendientes de resolver.
Además se ha respondido una asistencia judicial a Suiza por el caso Odebrecht y la Corte está pendiente de dar respuesta a otra asistencia judicial a Argentina por el caso Finmeccanica, relacionado a la compra de un mapa cartográfico digital.
El caso de los pinchazos telefónicos es el más avanzado, pero igualmente está estancado pues se requiere la presencia de Martinelli en Panamá. El expresidente está detenido en Miami, Estados Unidos, desde el 12 de junio, a la espera de que se resuelva la extradición solicitada por Panamá para que enfrente el caso de las escuchas ilegales.
